El MINHAC está de acuerdo con la mayor parte de las recomendaciones dirigidas a la revisión de determinados aspectos de la definición e instrumentación de las reglas fiscales y del marco de aplicación fijado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
A pesar de ello, considera difícil en la situación actual acometer una reforma que requeriría de un amplio consenso
La AIReF publica el seguimiento de las recomendaciones formuladas en los informes elaborados en el segundo trimestre del año. De acuerdo con el principio de cumplir o explicar las administraciones tienen la obligación de, o seguir las recomendaciones de la AIReF, o explicar los motivos por los que se desvían de las mismas, dando lugar a un diálogo constructivo y transparente entre esta institución y las administraciones competentes.
En el segundo trimestre de 2018, la AIReF emitió informes tanto de alcance general, para el conjunto de Administraciones Públicas y sus subsectores, como individual, en el caso de las Administraciones Territoriales.
En particular, informó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y sus previsiones macroeconómicas; los presupuestos iniciales para 2018 tanto de las CCAA como de las CCLL; la Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 y los Planes Económicos Financieros (PEF) de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, La Rioja, País Vasco y Comunitat Valenciana.
Como resultado de su evaluación, la AIReF formuló 47 recomendaciones de las cuales 28 fueron nuevas y 19 reiteradas en temas respecto de los que la AIReF considera necesario mantener abierto el diálogo.
Todas las AAPP afectadas han contestado señalando su intención de cumplir o explicar, con la excepción de los ayuntamientos de La Línea de la Concepción, Totana, Navalcarnero, Ayamonte y Almonte.
De las recomendaciones realizadas, el 80% estaban encaminadas a la mejora del marco fiscal, mientras que el 20% restante fueron dirigidas administraciones territoriales concretas con el fin de que adoptaran actuaciones que permitieran el cumplimiento de las reglas fiscales al cierre del ejercicio.
Esta mayor proporción de recomendaciones de carácter general, cuyo principal destinatario es el Gobierno Central, pone de manifiesto la apuesta de la AIReF por la existencia de un marco fiscal robusto, transparente y orientado al medio plazo.
Para ello, la AIReF diferencia dos niveles: por un lado, recomendaciones de carácter más estructural, destinadas a reformar el marco fiscal tras más de 6 años de aplicación de la LOEPSF, y, por otro, recomendaciones de carácter más inmediato, dirigidas a introducir mejoras en su aplicación.
Entre las primeras, se encuentran las relacionadas con la necesidad de garantizar la coherencia de las reglas fiscales y la incorporación al marco fiscal de aquellos aspectos que están siendo objeto de regulación transitoria en disposiciones legales distintas de la LOEPSF.
Respecto a las segundas, destacan la elaboración de un marco presupuestario a medio plazo con información suficiente y mayor participación de los agentes implicados, la fijación de reglas fiscales realistas y coherentes con la situación fiscal de las administraciones públicas, y una mayor transparencia en cuanto a la regla de gasto.
Con carácter general, el Ministerio de Hacienda ha mostrado su acuerdo con la necesidad de revisar determinados elementos de las reglas vigentes y de la LOEPSF, si bien ha señalado la dificultad de acometer en el momento actual una reforma que requiere un amplio consenso.
A este respecto, la AIReF reconoce la dificultad de llevar a cabo en este momento una reforma de la LOEPSF, pero considera que es importante avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de carácter más práctico e inmediato que mejorarían la aplicación y exigibilidad del marco fiscal actual y con ello su credibilidad.
Adicionalmente a estas recomendaciones, cabe mencionar otras, entre las que destacan, las dirigidas a los ayuntamientos con riesgos de sostenibilidad a medio plazo para que adopten medidas que contribuyan a reconducir su situación, o a las CCAA con riesgo de desviarse de la regla de gasto para que diseñen mecanismos de corrección inmediata ante desviaciones del gasto.
